Por fin han salido las cifras definitivas sobre el déficit público del año 2011. A las especulaciones de si se había superado en mucho la cantidad acordada con Bruselas, se le ha puesto fin esta tarde tras la rueda de prensa del Ministro de Hacienda. El déficit es del 8,51% del PIB.
Si se trata de buscar responsables, es cierto que las cuentas nacionales no han cuadrado en el último año; pero las de las Comunidades Autónomas tampoco. Tan solo Madrid ha respetado el límite de déficit para ese ejercicio (1,3%).
Ante esta situación, la divergencia sobre la ruta establecida por el pacto de estabilidad europeo se hace palpable. Es muy probable que haya nuevos requerimientos de recortes para reducir estos desequilibrios. La cifra del 4,4% del PIB, va a suponer reformas a todos los niveles. Hoy vamos a comentar, la común a todas las administraciones: los costes salariales del sector público.
La cuestión clave es: si nos podemos permitir el número de funcionarios que tenemos en España. Previamente vamos a ver su número y su comparación con otros países de nuestro entorno. Para ello voy a echar mano de este interesante gráfico:
Como vemos en la tabla de países justo arriba, nos movemos en niveles parecidos a Alemania, Holanda e Italia. También nos encontramos lejos de países donde hay más funcionarios que otra cosa (a juzgar con el porcentaje) como Francia, Suecia o Finlandia. Por otro lado, tenemos los casos de países que se movían en la órbita comunista, con un importante aparato público antaño, en los que el funcionariado brilla por su ausencia actualmente (Bulgaria, República Checa, Rumanía, Lituania,…).
Entonces, ¿no sobran funcionarios? Ya lo creo que sí. Tan solo comparar las cifras de las Comunidades Autónomas. Si llegamos a la conclusión de que se puede organizar el sector público de una comunidad, con la cantidad de funcionarios de la tasa más baja (Cataluña 1 funcionario por cada 25 habitantes), entonces sí se puede. Y sobretodo, se debe.
Sencillamente porque no nos lo podemos permitir. Aunque estemos a niveles de Alemania, ellos pagan más impuestos para mantener ese sistema, tienen menos fraude fiscal, y son más responsables en el uso de dichos servicios. Al no poderse (o no querer) llevar a cabo una evolución en ese sentido en la economía española (gran subida de impuestos, lucha efectiva contra el fraude,…) solo nos queda lo mejor que sabe hacer nuestro país: despedir gente.
Como verán en el cuadro superior derecha, los empleados públicos pueden ser de tres maneras: funcionarios de carrera por oposición (a esos no se les puede echar), personal laboral (estos si que peligran), y otros (donde está el meollo de la cuestión). Esta tercera división, son los empleados de empresas públicas, altos cargos de libre designación (puestos a dedo), que sin haber aprobado unas oposiciones, ostentan puestos que, por cuya opacidad informativa, no sabemos si son relevantes o no (probablemente sea lo segundo). Además curiosamente, se concentran en las Comunidades Autónomas (314.000 sobre 375.000 del total de administraciones). Creo que ya empiezan a darme la razón.
Siguiendo con ese recuadro, vemos como las corporaciones locales engloban la mayoría del personal laboral (368.000 sobre 687.000). Con más de 8.000 ayuntamientos y la mayoría de las actividades duplicadas, muchos de estos puestos también corren peligro.
En cuanto al tema de las universidades, lo voy a dejar para otro momento, pero en resumen, he de decir que van a sobrar muchos campus. La diferencia de género en la administración central (406.000 hombres vs 177.000 mujeres) se debe a que aquí están incluidos el ejercito y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya mayoría es masculina. Curiosamente en las Comunidades Autónomas pasa justo lo contrario (profes de primaria).
En el próximo artículo evaluaremos por dónde vendrán los recortes de gasto en personal, y de cómo nos iremos acercando a niveles más próximos a Grecia y Reino Unido.
Gracias por leerme.