Volvemos al tema que nos ha ocupado estos últimos días. No se pierdan. No se trata de atacar a nadie. Tan solo de ver qué estructuras nos podemos permitir, o van a ser generadoras de ingresos recurrentes o suficientes para ser mantenidas; y cuales, que con unos criterios mínimos aceptados por la mayoría, son ineficientes y habría que proceder a su desactivación.
Tras el análisis realizado en el capítulo anterior, tan solo nos queda detectar, cuantificar, y valorar las alternativas de las que disponemos. Estoy más que convencido, que estos cálculos han sido llevado a cabo por los que más entienden de esto (Bruselas), y de que su plan, esta perfectamente trazado. Vamos a intentar hacer un ejercicio de intuición para ver por donde van los tiros.
El sector público español tiene cinco niveles:
- Estructuras plurinacionales: Unión Europea, ONU, FMI, OTAN,… Por aquí hay poco que rascar.
- Sector Público Estatal: Ministerios, Embajadas, Secretarías de Estado, Parlamento, Senado,… Este último claramente sobra.
- Sector Público Autonómico: Consejerías, competencias,… Estudios realizados a nivel internacional, han llegado a la conclusión que, dividir determinadas estructuras de servicios (sanidad y educación principalmente) en regiones o países de menos de 2 millones de habitantes, genera más ineficiencias que optimización. Como ejemplo, libros de texto para la región de Murcia con su historia y particularidades, genera menos valor añadido que conocer la historia general de España, además de que son más caros debido a su escasa emisión. Es por ello que desde aquí propongo, que se devuelvan las competencias que no generen economías de escala en las regiones más pequeñas.
- Sector Público Provincial: Diputaciones o Delegaciones del Gobierno. Sobran ambas.
- Entes Locales: De las que tenemos a Ayuntamientos (8.114) y Empresas Públicas (más de 4.000). De los primeros sobran todos aquellos con menos de 2.000 habitantes. En cuanto a las empresas, en ellas me detengo ahora.
Una manera de elevar el número de trabajadores públicos (englobados en lo que vimos en el capítulo anterior), es mediante la creación de empresas públicas. Estos entes, son creaciones de políticos para la realización de un servicio considerado de interés general, y que para que no haya lucro partidista, se otorga a una empresa pública, que suele actuar en régimen monopolista. Estás áreas pueden ser:
- Gestión de aguas, residuos, transporte,…
- Patronatos, Fundaciones, Centros de interpretación, explotación de pistas de Ski,…
- Asistencia domiciliaria, agencias, deporte, canales de televisión, mercados centrales,…
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Aquí es donde se va a meter la tijera a tope. Lo cierto es que se debería de pasar el bisturí. Pero los paniaguados de puestos inútiles van a vender caro su derrota. Lo de los centros de interpretación ya lo comenté en anteriores ediciones: se trata de una cruz que no debemos de seguir llevando. La gestión de aguas y residuos están muy externalizados, se trataría de hacer caja vendiéndolas (Agbar, Canal de Isabel II,…). Ciertamente la hora de vender las joyas de la abuela ha llegado (aunque ahora es cuando no se va a conseguir un buen precio). Los de fuera lo saben y están preparados para ello.
El gobierno trata de reducir las empresas públicas a marchas forzadas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro llevará a la reunión un informe sobre “el sector público fundacional y empresarial” para abordar su futura “redimensión”. En toda España hay más de 4.000 empresas estatales, pero la mayoría dependientes de las Comunidades autónomas, unas 2.700, que, además, han sumado una deuda de 5.000 millones de euros durante la crisis.
Aunque ya se intentó, no están por la labor:
“Así, desveló que va a pedir a las comunidades autónomas explicaciones de por qué no han cumplido con el plan presentado por el Gobierno anterior de reducir en 515 el número de estas sociedades empresariales públicas. Sáenz de Santamaría se quejó de que este plan estaba ya anunciado desde el año 2010 y apenas se cumplió el 14%, es decir, que sólo se tomaron medidas con unas 70 empresas de ese tipo cuando el objetivo era llegar a las 515”.
Estamos pues, ante nuestro gran caballo de batalla. Si no eliminamos estas estructuras, no llegamos al equilibrio fiscal necesario. Las cifras a vuelapluma son las siguientes:
- Senado: Ahorro 120 millones, (266 señorías que cuestan un pastón).
- Comunidades Autónomas: 500 millones (aquí habría mucho juego).
- Diputaciones: Ahorro de 1.000 millones (5.000 políticos mas otros tantos enchufados).
- Ayuntamientos: 1.000 millones (30.000 políticos de los 80.000 que hay más otros tantos trabajadores).
- Empresas públicas: 7.500 millones (250.000 trabajadores).
En resumen, estaríamos hablando de 300.000 trabajadores públicos menos, en las áreas donde hay más enchufados, duplicidades y cargos parlanchines que no hacen más que incordiar. El ahorro total sería de unos 10.000 millones de Euros (30.000 euros por trabajador aproximadamente). Junto con el ya aprobado de 15.000 millones hace un par de meses, y el que nos viene de otro tanto con un nuevo recorte del sueldo de los funcionarios y subida del IVA, cuadran los 40.000 millones que es lo que necesitamos para llegar al 4.4 % del PIB. Esta es la única forma. Los recortes en sanidad y educación (aunque englobados dentro del recorte de las CCAA), no son sino los más perjudiciales para todos. Escojamos por una vez el camino correcto.
Gracias por leerme.
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